S
ólo 10 de los 21 invitados a la 21 Cumbre Iberoamericana que se realizó el pasado fin de semana en Asunción, Paraguay, asistieron al encuentro, en lo que constituye un grave fracaso de la diplomacia española, principal organizadora de esas reuniones. Por distintos motivos, los mandatarios de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y Uruguay se excusaron de asistir a la cita y enviaron representantes de segundo nivel. Es significativo que entre las ausencias se encuentren las de tres de los cuatro miembros plenos del Mercosur, más la de Venezuela, cuyo proceso de integración a ese bloque regional se encuentra en suspenso por el veto de Paraguay, anfitrión de la cumbre.
Desde que tuvo lugar el primero de esos cónclaves, en Guadalajara, en 1991, las cosas han cambiado mucho en América Latina. Salvo en los casos de México y Colombia, los gobiernos neoliberales fueron remplazados por proyectos de mayor contenido social, más progresistas, más incluyentes y más apegados a la defensa de las soberanías nacionales. Al mismo tiempo, en las dos décadas transcurridas desde el encuentro de Guadalajara se puso en evidencia que el propósito principal del gobierno de Madrid hacia el hemisferio occidental no es constituirse en factor de solidaridad y desarrollo en la región, sino operar como gestor de los intereses corporativos de las trasnacionales españolas y garantizar que éstas se vean beneficiadas con la continuidad de estructuras políticas oligárquicas.
En esa lógica, algunos representantes diplomáticos de España –como en Venezuela y Nicaragua– han desarrollado, en el pasado reciente, acciones injerencistas y desestabilizadoras, y en no pocos casos han protagonizado choques frontales con gobiernos empeñados en recuperar la soberanía sobre recursos naturales controlados por empresas peninsulares. Así, independientemente de cuál de las fuerzas políticas mayoritarias ocupe el Palacio de La Moncloa, el Partido Popular (PP) o el Socialista Obrero Español (PSOE), en lo general Madrid ha mantenido hacia América Latina una política de alianzas con las fuerzas derechistas y de hostilidad a los gobiernos y movimientos populares.
Por añadidura, España no se encuentra, en la coyuntura actual, en la mejor de las condiciones para encabezar al conjunto iberoamericano: en vísperas de unas elecciones que amenazan con desalojar al gobernante PSOE del poder, y abrumada por la crisis económica que se cierne sobre la franja mediterránea de la Unión Europea, la antigua metrópoli difícilmente puede mantenerse como punto de referencia para una región mayoritariamente ocupada en impulsar sus propios proyectos de desarrollo político, social y económico, y empeñada en la construcción de entornos regionales –el Mercosur, la Comunidad Andina– equitativos y soberanos.
Para colmo, los organizadores cometieron la torpeza de invitar a la cumbre, sin consultar previamente al resto de los gobiernos representados, a altos funcionarios del Banco Mundial (BM) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismos financieros que, junto con el FMI, han sido corresponsables del desastre social causado por las fórmulas neoliberales. Los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales, criticaron con dureza la presencia de esas entidades que, en palabras del primero, deberían
ofrecer disculpas
por las catastróficas e injustas medidas económicas que han impuesto, en el pasado reciente, en América Latina.
El siguiente encuentro iberoamericano está agendado el año entrante en Cádiz, cuna de la primera constitución del mundo de habla española y portuguesa, de cuya promulgación se cumplirán 200 años. Si no hay cambios de fondo en los usos de la diplomacia española hacia las naciones de América Latína, es posible que resulte un fiasco mayor que el de Asunción.
